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2 de Diciembre 2019
Sin tabú: la violencia política sexual en la crisis chilena
El INDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Consejo de Defensa del Estado; todas estas instituciones públicas y otras internacionales denuncian violencia política sexual contra mujeres, niñas, adolescentes y cuerpos feminizados en este mes y medio de crisis política en Chile. “Creemos que es importante dar el espacio a la conversación acerca de la violencia política y sexual para que no se convierta en tabú”, dice Zicri Orellana, psicoterapeuta, radialista popular e integrante de la Casa Mundanas.
En contextos de conflicto, de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos, las mujeres son castigadas de manera específica por razones de género a través de la violencia sexual. De hecho, a pocos días de haberse decretado el estado excepcional de emergencia en Chile y entregado el control del orden a las Fuerzas Armadas, comenzaron a conocerse las denuncias de violencia política sexual contra mujeres y personas de la disidencia sexual. Principalmente se denuncian abusos sexuales, amenazas de violación, incluso de violaciones grupales; insultos de carácter sexual, desnudamientos forzados, violaciones sexuales con objetos como “lumas” y otras armas.
Como bien señala la abogada feminista de Corporación Humanas, Camila Maturana, la violencia política sexual conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, pero no sólo a las víctimas directas acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado que ninguna mujer debe traspasar o transgredir. Se trata de un recordatorio o advertencia acerca del uso del cuerpo de las mujeres como dominio patriarcal. Agrega que la violencia política sexual es grave y está severamente sancionada a nivel internacional. Entendiendo que es una práctica de tortura, ésta se encuentra estrictamente prohibida, sin importar el contexto y bajo ninguna circunstancia los agentes del Estado pueden infligir este tipo de agresiones a ninguna persona.
La violencia política sexual en cifras, cuatro veces más
De acuerdo a la última actualización de cifras recopiladas directamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en las observaciones de manifestaciones, comisarías y centros hospitalarios, desde el jueves 17 de octubre al 31 de noviembre, se han presentado 88 querellas por violencia sexual que corresponden a desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro violaciones y que recogen las denuncias agrupadas de más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres y niñas. Ante la Comisión que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, el INDH aseguró que “en este mes (de octubre en adelante) se han presentado cuatro veces más querellas por violencia sexual que en los últimos nueve años; casi el doble por otras torturas”.
De acuerdo al reporte de los casos ingresados al Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF) del Ministerio Público – que comprende el período 18 de octubre al 10 de noviembre – de las dos mil 670 víctimas, 453 corresponde a mujeres y una de ellas a una mujer lesbiana. Respecto a desnudamientos y otras formas de violencia sexual (información entregada por las víctimas al momento de la denuncia o querella) se registran 90 denuncias por desnudamientos, 26 hechos constitutivos de violación y abuso sexual y ocho amenazas de cometer delitos sexuales contra la víctima retenida. A las informaciones del Sistema de Apoyo a Víctimas, se suma el informe del Ministerio Público, en que Carabineros de Chile es una de las principales instituciones denunciadas por violencia sexual y otros apremios ilegítimos (dos mil 50 denuncias), le siguen el Ejército (con 183) y la Policía de Investigaciones (con 50).
En su informe – del período 20 de octubre al 13 de noviembre de 2019 – la Defensoría Penal Pública advierte que los casos de mayor gravedad, algunos con patrones comunes, corresponden a violencia sexual contra mujeres y hombres. Se registran al menos 19 casos de desnudamientos forzados en unidades policiales, en su mayoría contra mujeres.
Como comunicadoras feministas el registro de lo que ocurre actualmente en Chile, evidencia que no se tratan de actos aislados pues se observan patrones de conducta en el trato a mujeres y personas de la disidencia sexual a lo largo de todo el país por parte de Carabineros y otros agentes del Estado.
Amnistía Internacional: Política deliberada para dañar a manifestantes
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en la presentación del informe que contempló los hallazgos de siete regiones de Chile, 11 comunas de la Región Metropolitana y el análisis de 130 piezas de material audiovisual, verificadas por personas expertas.
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes, conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.
¿Qué dijo el informe de Human Rights Watch?
A fines de noviembre, una semana después del informe de Amnistía Internacional, Human Rights Watch también se refirió a lo que sucede en Chile. “Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
“Una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos niños, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas, desnudos, en comisarías. Los protocolos de Carabineros prohíben expresamente esa práctica, sin excepciones. Sin embargo, varios agentes indicaron que está permitida cuando se sospecha que la persona detenida puede llevar droga o algún arma oculta en cavidades corporales”.
Vivanco detalla que “lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando al lugar de detención. Según datos del INDH, es más probable que los carabineros obliguen a mujeres y niñas a desvestirse que a hombres. Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. A su vez, mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa. El INDH también documentó casos de amenazas de violación sexual, así como la violación sexual de cuatro hombres”.
El 28 de noviembre, el Consejo de Defensa del Estado presentó dos querellas por tortura y abuso sexual en contra de funcionarios de Carabineros de la 51ª Comisaría Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana. Se desconoce si las víctimas son mujeres.
Reparación y acompañamiento a víctimas
Los casos de violencia por medio de agresiones sexuales y a la vez cruzadas por un contexto de crisis política y social requieren de atención urgente, horas de escucha, sororidad y acompañamiento para avanzar hacia la reparación. En esa misión ha estado la Casa Mundanas, un espacio de encuentro feminista donde convergen proyectos políticos y de autogestión. Ahí trabajan terapeutas, psicólogas y otras profesionales integrales. La última semana de noviembre, contaron con la visita de la terapeuta, antropóloga y sobreviviente de la guerra civil en Guatemala, Yolanda Aguilar, quien desde su experiencia ha realizado talleres acordes con lo que sucede estos días en Chile. “Creemos que es importante dar el espacio a la conversación acerca de la violencia política y sexual para que no se convierta en tabú”, enfatiza Zicri Orellana, psicoterapeuta, radialista popular e integrante de la Casa Mundanas.
Para Yolanda Aguilar, la violencia política representa un episodio en su vida y también en la de su familia: su papá, dirigente democratacristiano en Guatemala, fue asesinado y su mamá que fue sindicalista permanece desaparecida desde 1983. Aún así, y a pesar de las reiteradas violaciones que sufrió en su adolescencia por parte de agentes del Estado mientras se encontraba detenida, Aguilar ha sido una activa feminista y defensora de derechos humanos, acompañando a otras mujeres sobrevivientes.
En Casa Mundanas, la reparación de la violencia política y sexual le exige a terapeutas y asistentes la responsabilidad de hacer terapias situadas caso a caso, idealmente integradas con el cuerpo, la afectividad y el vínculo entre mujeres. Con ese fin, es que se les exige a quienes son acompañantes una formación acabada que además recoja y releve las historias y experiencias de las terapeutas que estuvieron asistiendo, por ejemplo, los procesos de reparación posteriores a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y otras situaciones similares registradas en otros países. “Una mujer víctima sí puede dejar de serlo y la idea es que ella transite hacia el estado de sobreviviente. Para ello, el Estado podría proveer recursos para que organismos autónomos que están alejados de la experiencia de la violencia la hagan”, aclara Orellana.
Tras un hecho traumático como acoso o vejaciones sexuales, la resiliencia no es espontánea en las víctimas. Existe un momento previo de catarsis y luego otro de duelo. La activista lesbofeminista Zicri Orellana explica que la terapia no debería tener como único propósito la catarsis porque puede ser revictimizante para la mujer. Por ende, la catarsis es necesaria pero no suficiente para la completa reparación de quienes sufrieron violencia política sexual. La catarsis se vincula además a la denuncia, la que no se debe imponer ni debiese ser un objetivo de las terapias de mujeres, niñas y adolescentes. “El respeto de los procesos de cada una y el reconocimiento de lo que han hecho para afrontar la violencia y sobrevivir, es lo que debiera orientar el acompañamiento desde una ética feminista”, asegura Carla Galaz, psicóloga feminista y sonidoterapeuta del Centro de Terapia Mundanas.
“En el caso de las niñas es diferente y en ellas sí es imperativo la denuncia porque las adultas tenemos el deber de protegerlas cuando recibimos el relato, debemos denunciar. De otra manera, la actuación es cómplice de los agresores y de que puedan seguir violentando impunemente. Es la culpa, la vergüenza y el silencio algunos aspectos propios de la violencia contra las mujeres que favorecen la impunidad de los agresores“, explica.
Estado femicida, prostituyente y machista
Adelantando el proceso de reparación que debiese venir una vez que la crisis descienda, la psicoterapeuta y coordinadora de la Escuela de Terapia Feminista Zicri Orellana responde que la terapia de mujeres víctimas de violencia política y sexual no tiene por qué estar explícita en una nueva Constitución ni en el denominado pacto social: “Porque eso es como pedirle a tu agresor que te haga la terapia”. Ellas creen que la reparación tiene que hacerse de manera autónoma e independiente porque es el Estado el que violenta a las mujeres y el que ha propiciado la violencia política y sexual. Lo contrario sería una acción revictimizante para las sobrevivientes.
Lo que ha ocurrido en este mes y medio de crisis política y la respuesta que ha dado el mundo político tradicional, se traduce en un castigo para las demás mujeres, no solo para aquellas que son familiares y cercanas a la mujer que sufre violencia política sexual. “Como feministas creemos que el Estado nunca garantiza la seguridad de las mujeres, por el contrario, es promotor de la violencia en contra de las mujeres. En este momento, la violencia política sexual es una reafirmación de que es un Estado femicida, prostituyente y machista. Nos castiga también a las lesbianas y a las niñas con sus prácticas silentes, con la falta de justicia, con la impunidad”, asegura Zicri Orellana y agrega que “como terapeutas feministas no esperamos que el Estado nos resuelva algo. Apostamos por una autonomía que nos otorga la libertad para poder crear nuestra reparación entre mujeres de manera colectiva”.
“Vivimos dentro de una cultura misógina que siempre está violentando los cuerpos rebeldes. Existen alternativas que hemos creado feministas y mujeres indígenas y negras para poder trabajar y acompañarnos en sanar estas heridas que nos ha provocado el patriarcado, es por eso que es importante crear herramientas, técnicas o recuperar otras formas ancestrales que permitan que seamos sobrevivientas, y trascender del dolor y de la rabia para transformarlo en sabiduría y poder de acompañar a otras”, describe Paulina de Pablo, arteterapeuta y coordinadora terapias grupales en Casa Mundanas.
Por Catalina Arenas & Fabiola Gutiérrez, periodistas Mujeres en el Medio.