El especial periodístico “Nos queremos libres” es un esfuerzo que intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.
Las mujeres nos hemos enfrentado históricamente a la sospecha, a la vigilancia permanente y a todo tipo de castigo. Cuando nosotras controlamos nuestros cuerpos, nuestras actividades reproductivas y el conocimiento, ha implicado que recibamos todas las formas de violencias posibles. Por eso seguimos luchando.
La violencia como estrategia, heredada de la inquisición y la contrainsurgencia, forma parte del régimen patriarcal; quienes actúan desde ahí insisten en disciplinar, adoctrinar y silenciar a las personas, a las mujeres, que con su labor interpelan a este sistema que pone en el centro a los hombres y sus intereses, principalmente a quienes tienen poder. Se trata de un sistema que pretende apropiarse del cuerpo de las mujeres con el castigo, encierro y control.
Durante la invasión española, las mujeres que practicaron la medicina o su espiritualidad, las que se opusieron a los tributos o a denunciar las injusticias y despojos fueron encarceladas o ejecutadas.
El encarcelamiento político de las primeras que organizaron huelgas y sindicatos, tras ser acusadas de bolcheviques o comunistas, se remonta a los años veinte del siglo pasado.
Durante la historia reciente, cuando la participación política y social empezó a ser más activa y colectiva, fueron reprimidas. El archivo de la Policía Nacional es testigo documental de miles de acusaciones contra mujeres, lesbianas y contra disidentes políticas y sexuales señaladas como prostitutas, locas, alcohólicas, malas madres, desviadas o subversivas. Tras rumores y difamaciones, muchas de ellas fueron desaparecidas o asesinadas.
La lucha por ganar espacios políticos vino con el movimiento de mujeres sufragistas. Graciela Quan Valenzuela, una de las primeras abogadas graduadas de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), fue pionera en un momento en el que las mujeres no tenían, ni siquiera, el derecho a votar. Sería gracias a su lucha y la de otras que en 1944 las mujeres alfabetizadas, privilegio casi exclusivo de mestizas, ganarían el derecho al voto.
En Guatemala la historia de la lucha por la justicia y la memoria histórica la han encabezado, en su mayoría, las mujeres. Muestra de ello ha sido el reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, originaria de Uspantán, Quiché, quien denunció al mundo los crímenes que se estaban cometiendo en su comunidad y en el país durante el conflicto armado interno.
Mujeres como Rosalina Tuyuc, Nineth Montenegro o Aura Elena Farfán dedicaron sus luchas a la búsqueda de sus familiares desaparecidos por el Ejército de Guatemala o por el propio Estado. Ellas fundaron organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o FAMDEGUA (Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala). Otras lo hacían desde sus organizaciones estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (AEU) o los sindicatos. Decenas de activistas fueron castigadas con la desaparición forzada o el asesinato político.
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, Otilia Lux formó parte del grupo de personas que elaboró el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), presentado en 1999 con el título Guatemala: Memoria del silencio.
En dicho informe, organizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), miles de mujeres dieron su testimonio para que se conocieran las atrocidades de violencia física, sexual y psicológica a las que habían sobrevivido durante el conflicto armado interno que duró 36 años en el país. En abril de 1998 el obispo Juan Gerardi fue asesinado por haber documentado el horror cometido por agentes estatales. Las comunidades se organizaron en cientos de comités de víctimas y sobrevivientes para clamar justicia por el asesinato de Gerardi.
La justicia en el país continuaba resonando por los estragos cometidos durante la guerra. En la segunda década del nuevo milenio se logró enjuiciar a más de una decena de militares y policías de alto y bajo rango por casos emblemáticos de violencia sexual y delitos de lesa humanidad a la que fueron sometidas.
Casos como el de las mujeres de Sepur Zarco, el de las mujeres Achi’, el caso contra Emma Molina Theissen, o el de Creompaz (Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz), el de la toma y quema de la embajada de España y el caso de desaparición forzada del sindicalista Edgar Fernando García, todos fueron impulsados por mujeres indígenas, mestizas activistas y comunitarias.
En estos procesos vimos a juezas, fiscales y abogadas que, pese a los riesgos para ellas, se atrevieron a investigar y dar sentencias condenatorias. Es el caso de la jueza Yasmín Barrios y la fiscal Gilda Pineda, quienes condenaron a Ríos Montt en mayo de 2013 por genocidio contra el pueblo Ixil de Quiché. También han asumido un papel relevante varias abogadas, que como querellantes acompañan a sobrevivientes y testigas, como Lucía Xiloj, Jovita Tzul Tzul o Wendy Geraldina López.
Los Acuerdos de Paz plantearon que como garantía de la no repetición de crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, debían investigarse las estructuras paralelas y aparatos clandestinos. De ahí que con el tiempo se organizó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). A partir de este hecho y que al Ministerio Público (MP) llegaron mujeres valientes como Claudia Paz y Paz y luego Thelma Aldana, quienes tuvieron la voluntad de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con estos crímenes y los de corrupción.
Todo el trabajo de investigación de decenas de personas, como fiscales y mandatarias de CICIG fueron claves para demostrar el funcionamiento de esas estructuras, así como procesarlas e incluso encarcelarlas. No pasó mucho tiempo para que dicha Comisión fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Entonces empezaron a ser perseguidas.
Es así como las operadoras de justicia han enfrentado procesos penales montados y manipulados, que se cruzan en líneas casi invisibles con misoginia que las han llevado al acoso, la cárcel y el exilio. De nuevo el mandato sobre las mujeres que no obedecen, que se atreven a hablar o a denunciar son castigadas y acusadas de soberbias. Quienes las juzgan, no sólo las han atacado como profesionales sino como mujeres, ridiculizando sus logros profesionales y aspectos de su vida personal y familiar.
El especial periodístico “Nos queremos libres” intenta explicar cómo el retroceso democrático tiene implícita la violencia machista y cómo pese a todas las estrategias para que el modelo se mantenga, las mujeres resisten.
*Por Ruda (Guatemala)