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22 de Julio 2024

Medios sin violencias: el 57% de los medios de comunicación de América Latina y el Caribe no tiene protocolos para abordar

La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla.

El 75% de las y los integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. En las redacciones, estudios y oficinas ocurren la mayoría de las agresiones. Le sigue el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas digitales, mails y aplicaciones de mensajería instantánea. En uno de cada 10 casos se combinan ambos tipos de violencias. Los agresores offline suelen ocupar cargos jerárquicos altos, mientras que la violencia online involucra especialmente a funcionarios gubernamentales y políticos. Sin embargo, el 57% de los medios de la región no tiene protocolos para abordar la violencia laboral de género y solo el 18.5% cuenta con áreas especializadas de atención.

Estos son algunos de los resultados de la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención” que la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, llevó adelante en el marco del proyecto “Protocolos de Violencia de género contra Mujeres Periodistas en América Latina – ¿Qué hacen y qué deberían hacer las organizaciones de medios?”, que busca sensibilizar a la población sobre este tema que limita la libertad de expresión de las periodistas y, por ende, afecta las democracias.

“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. En este proceso, los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, señaló Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.

El proyecto incluyó también el análisis de 27 protocolos de intervención y prevención de la violencia laboral y de género elaborados por empresas y organizaciones de medios a partir del impacto que causó en la región la irrupción del “Me Too”, del “Ni Una Menos” y del Paro Internacional de Mujeres del año 2018.

Las observaciones y recomendaciones que surgen del estudio pretenden contribuir a robustecer estas herramientas, para que cada organización sea un espacio de igualdad libre de violencia y acoso. A la vez, sirvieron de insumo para la co-construcción de un Protocolo Marco de Violencia de Género que pueda ser de utilidad a futuro para los medios y sindicatos que aún no dispongan de protocolos de actuación.

Durante cuatro meses, se realizaron 108 encuestas y entrevistas en profundidad a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras. El 86.1% fueron respuestas de personas de género femenino; también respondieron varones (11.1%) y personas trans o no binarias (2.8%).

Se describieron 96 relatos de violencia. Es decir, el 75% de las personas consultadas dijo que conoce al menos una historia de violencia de género hacia periodistas. En la mayoría de las respuestas se identificaron “motivos” que desencadenaron las agresiones: la expresión de posicionamientos feministas y/o políticos partidarios, la condición de mujeres de las agredidas, y reclamos salariales. De igual modo, la apariencia tuvo un rol relevante en las descalificaciones.

Sólo en el 28.1% de los casos las personas afectadas denunciaron la situación de violencia. El 18.7% lo hizo en instancias internas de los medios –ante personas que ocupan jefaturas o direcciones, o ante áreas específicas– y el 9.4% en instancias judiciales externas u organismos públicos especializados. Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo.

Frente a la denuncia, sin embargo, en el 54.5% de los casos los agresores no fueron sancionados. Las razones nuevamente son diversas, pero suele haber una identificación directa del agresor con quien detenta la autoridad del medio o algún tipo de protección por parte de las autoridades. Esta “protección” hacia el agresor se da incluso cuando las estructuras son horizontales.

Más preocupante todavía es que se registraron represalias sobre las personas que sí se animaron a denunciar en el 41.3% de los casos: el 17.2% fueron despedidas y el 24.1% fueron blanco de distintas medidas negativas por haber hecho pública la agresión.

Además de las encuestas y entrevistas en profundidad con periodistas, se relevaron y analizaron 27 protocolos de intervención y prevención, de 13 países y dos con alcance regional, que permitieron complejizar la información diagnóstica sobre cómo los medios tradicionales de América Latina y el Caribe están abordando las diferentes formas de violencia de género que aparecen en las redacciones.

Entre otros temas, se tuvo en cuenta el encuadre en las normas internacionales de derechos humanos, los tipos de violencia abordados, la perspectiva de los géneros y de interseccionalidad considerada, y la atención de situaciones de prevención.

La existencia de protocolos es en general valorada positivamente por las y los periodistas. Los medios grandes (más de 50 personas) suelen ser los que disponen de protocolo, aunque trabajadoras de algunas de esas organizaciones afirman que faltaría darles mayor visibilidad.

Finalmente, con todo ese material, se inició un proceso de construcción colectiva entre distintos medios de un “Protocolo marco de prevención y acción ante la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo periodístico”, que contiene los lineamientos generales para la intervención con el fin de que pueda ser utilizado y adaptado por las entidades que lo deseen. En este sentido, sus cláusulas deberán ser armonizadas con la legislación aplicable en cada país.