El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago marca un precedente muy importante: los medios de comunicación deben contribuir desde la información a denunciar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esperamos que esta decisión judicial cale en otros editores de medios de comunicación.
Mi nombre es Javiera Tapia, tengo 29 años y soy periodista. Comencé a trabajar escribiendo de música en el segundo año de la carrera para medios digitales y luego seguí en Revista Extravaganza!. A medida que pasaba el tiempo, estudiando y trabajando, ofrecí muchas veces a medios temas sobre música y género, pero no había interés en publicar. Me gustaba escribir sobre discos, conciertos y artistas, pero sentía que, por supuesto, había una historia que no estaba siendo contada y era la de las mujeres en la música popular, desde una perspectiva periodística y no academicista.
Tenía un blog para archivar lo que iba publicando en otros lugares pero, al ver que no había interés en publicar temáticas sobre género, feminismo y música, decidí empezar a publicarlos ahí. Un día, me escribió Malena Rey de Las 12, para reseñarlo en este suplemento de Página 12. Luego quise expandirlo, invitar a amigas y compañeras a escribir y así nació Es Mi Fiesta. En paralelo, seguí trabajando, escribiendo de música y en el 2014 me ofrecieron ser editora de POTQ Magazine, una web especializada en música fundada en el 2004 y en la que colaboraba periódicamente desde hace algunos años. Fue la primera experiencia que tuve en la que podía decidir qué contenidos incluir en un medio y, por tanto, incluí esta perspectiva. Porque es necesario. Porque ellas son -somos- parte de la Historia.
Me gustaba escribir sobre discos, conciertos y artistas … había una historia que no estaba siendo contada y era la de las mujeres en la música popular, desde una perspectiva periodística y no academicista.
Por supuesto, no fue menos problemático comenzar a publicar en un medio especializado en música sobre el cruce de esta con el género y el feminismo, aunque debo decir que siempre hubo más reticencia desde los compañeros de oficio del área, más que de los lectores y lectoras. Probablemente, porque también estuvieron expuestos y eso no les había sucedido antes. Este, por ejemplo, llamó al director de mi medio en ese momento para exigirle que me despidiera y también me acosó a través de redes sociales. Y por acá también tuvimos algunos problemas.
El lunes 14 de noviembre del 2017 publiqué la primera parte de cinco de un reportaje sobre abusos sexuales y discriminación laboral hacia mujeres en el entorno de la música, en POTQ Magazine. Durante las jornadas siguientes, se fueron publicando las restantes. Fue un material duro de reunir, de escribir y de publicar, por diferentes motivos. Por una parte, escuchar cada uno de los testimonios y poder seguir utilizando la razón para mí fue una prueba. Sentía rabia, desesperanza e impotencia, porque muchos de los hechos que estas diferentes -y valientes- mujeres narraron en un contexto de absoluta confianza, no eran desconocidos para mí. Después llegó la hora de escribir y publicar. La escritura también fue complicada, tenía que ser observadora y relatora de hechos que en otras épocas y contextos también sufrí.
Luego vino la publicación, que no fue menos complicado. Lo que me llegó en respuesta fueron posturas divididas. Por un lado, muchas mujeres lo agradecieron, no sin sorpresa, porque ellas como lectoras, como individuos, no estaban acostumbradas a que un medio de comunicación en Chile apostara y defendiera este tipo de publicación. Mucho menos uno musical. Pero también, otras y otros desacreditaron la información que se estaba entregando, tachando a las denunciantes de mentirosas, de locas. Tachándome de poco profesional, diciendo que no había ética en mi trabajo periodístico. Escribiéndome directamente para explicarme mi falta de rigor.
En ese momento, caí en cuenta en una realidad que como comunicadoras conocemos, pero ahí la pude ver claramente. A pesar de que está establecido en la Ley de Prensa que los ciudadanos tienen derecho a la información y yo, como periodista, derecho y deber de entregarla, para muchos la violencia hacia la mujer seguía siendo un tema de discusión desde lo privado. Algo que se puede llegar a plantear -apenas- en círculos de conversación, en tribunales o en las (mal vistas) funas en redes sociales. Pero que un medio de comunicación investigue, reúna información y la publique parece ser extraño. ¡Extraño!. Tan extraño, que compañeros de profesión calificaron lo publicado de poco riguroso, descuidado e incorrecto.
Bajar esa información y no continuar con el proceso correspondiente, significaba evitar que los medios de comunicación se hagan cargo de investigar estos temas y publicarlos …
Varios de los abusadores mencionados en ese reportaje me acosaron durante semanas, me amenazaron e incluso uno, Jimmy Valenzuela, interpuso un recurso de protección por derecho a la honra en mi contra, con el cual me exigía borrar la publicación y pedir disculpas públicas. Vale la pena agregar que a la fecha, hay dos denuncias interpuestas contra él por parte de dos mujeres (RUC 1800038531-6) y (RUC 1800042948-8), en la Fiscalía de Valparaíso y Fiscalía Oriente, respectivamente.
Por mi parte, siempre creí que la información publicada tenía carácter de interés público. En primer lugar, porque la violencia contra las mujeres es un asunto que excede de la “esfera privada”. Segundo, porque Daniela, la joven que decidió contar su testimonio, es parte de la escena musical y, en tercer término, porque Valenzuela tiene actividades de carácter público, como talleres de teatro en colegios municipales, en corporaciones culturales de diversas comunas del país y sustenta su trabajo mediante Fondos de Cultura entregados por el Estado para fomentar la creación y difusión teatral, además que los hechos denunciados en el reportaje son constitutivos de delitos. Mantener en la esfera privada las denuncias efectuadas solo perpetúa situaciones antijurídicas y de impunidad o que, por lo menos, al derecho, a la ley y a la justicia le repelen. Y, por otra parte, una sociedad que tolera y silencia estos actos, es cómplice de los agresores.
El día de la audiencia, Valenzuela no se presentó. Sólo lo hizo su abogado quien, fuera de la sala, se me acercó para preguntarme cómo iba yo a resolver esto, independientemente de cómo resultara la acción judicial, insinuando que debía bajar la publicación voluntariamente. Le dije que no lo haría y que esperaría la decisión judicial. Le dije que no, porque hacerlo significaba desconocer el testimonio de mujeres que manifiestan haber sido víctimas de violencia de género. Significaba desconocer el carácter de interés público de la información que publiqué en este reportaje. Significaba también desconocer el rol social que tiene mi profesión. Bajar esa información y no continuar con el proceso correspondiente, significaba también permitir que se evite que los medios de comunicación se hagan cargo de investigar estos temas y publicarlos, impulsando a las víctimas a recurrir a las instancias legales para que los hechos se denuncien y, consecuentemente, se investiguen adecuadamente.
Cuando llegué esa mañana a la Corte de Apelaciones, me acompañó Rocío Alorda del Colegio de Periodistas. Y también surgió algo que para mí es muy significativo. Estaba Marianela González, periodista que también está en un proceso judicial por publicar información sobre violencia de género contra una mujer. Coincidentemente, estaba citada minutos después de mi alegato y junto a ella estaba Mailén Parodi, abogada de Corporación Humanas. También mujeres valientes representantes de Ni Una Menos. Todas, sin conocerme, al contarles mi caso, me acompañaron hasta el final. Incluso entraron conmigo a la sala y me aconsejaron. Me ayudaron en todo. Los Tribunales, cuando no son parte de tu vida ni de tu campo de conocimiento, asustan. Y gracias a ellas, esa incertidumbre se volvió fortaleza.
Dos semanas después, el 7 de febrero del 2017, se dio a conocer la sentencia. La Corte de Apelaciones resolvió en mi favor, con un fallo que tiene un enfoque de género respecto a la libertad de informar y de emitir opinión, indicando además, que la violencia en contra de las mujeres no es un tema privado, sino público. Además, reafirmando el argumento que mi abogada Nicole Henríquez presentó en respuesta al recurso: la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, más conocida como la “Convención de Belém Do Pará”. Esta pone el foco en “alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”.
Esto marca un precedente muy importante. Nos indica de forma directa que los medios de comunicación deben contribuir desde la información a denunciar y erradicar la violencia hacia las mujeres. La investigación permite destapar situaciones de agresión e impulsar a las víctimas a denunciar. Es nuestra responsabilidad. Espero que este fallo cale profundo en otros editores de medios de comunicación y que así, con el tiempo, lectores y lectoras no se sorprendan con la publicación de investigaciones sobre violencia hacia la mujer en diferentes espacios.
Por Javiera Tapia, periodista, productora de radio, directora de POTQ Magazine y ES MI FIESTA