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12 de Septiembre 2020

Reprobamos las agresiones contra mujeres periodistas en el Estado de México y exigimos a las autoridades garantizar la labor periodística

Doce comunicadoras, reporteras y fotoperiodistas fueron sujetas a actos de intimidación, agresiones físicas, amenazas, así como bloqueo de información, daño y despojo de material de trabajo, como celulares, y daño de bienes, pese a que las periodistas se identificaron en todo momento, lo que violenta los derechos a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

Declaración pública · Frontline Freelance México (FFM), Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y ARTICLE 19 condenamos los actos de violencia física y el abuso de la fuerza en contra de reporteras, fotoperiodistas y comunicadoras durante la cobertura de las acciones de protesta de colectivas feministas, familiares y víctimas de diversos delitos como feminicidio, trata de personas y desapariciones en el Estado de México[1].

En la madrugada del viernes 11 de septiembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado[2] replegaron a las manifestantes y periodistas que se encontraban afuera de las instalaciones del Centro de Justicia del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las colectivas feministas y familiares de víctimas de violencia de género exigían la liberación de las mujeres quienes fueron detenidas horas antes, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), acto derivado de la ocupación pacífica ante la falta de respuesta del Estado y como acciones de exigencia para atender las demandas de las víctimas de casos de violencia sexual y desaparición de menores.

De acuerdo con el testimonio de colectivas feministas y periodistas, alrededor de las 2:30 y 3:00 horas, elementos de seguridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México impidieron el acceso de activistas, familiares y periodistas al estacionamiento del Centro de Justicia mediante el uso de gas de extintor; posteriormente, lanzaron objetos como piedras, palos, tubos y sillas; seguido de esto, abrieron la reja y, aproximadamente 20 policías  salieron de las instalaciones corriendo, gritando y amenazando a las manifestantes.

Durante estos actos de represión y abuso de la fuerza por parte de las autoridades del Centro de Justicia, doce comunicadoras, reporteras y fotoperiodistas fueron sujetas a actos de intimidación, agresiones físicas, amenazas, así como bloqueo de información, daño y despojo de material de trabajo, como celulares, y daño de bienes, pese a que las periodistas se identificaron en todo momento, lo que violenta los derechos a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

De acuerdo con la documentación realizada por CIMAC y ARTICLE 19, fueron agredidas 12 mujeres periodistas que cubrían los hechos.  Entre ellas se encuentran las periodistas Madeleine, Lizbeth y Jackie (cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad), integrantes de la organización Frontline Freelance México, quienes fueron víctimas de golpes, intento de asfixia, despojo de celulares, detención, amenazas, actos de intimidación con arma de fuego además de vivir persecución hasta sus vehículos, los cuales fueron  golpeados ocasionando daños como el rompimiento de los vidrios[3].

El uso de la fuerza policial de manera arbitraria, no solo impacta de forma negativa en el ejercicio libre y plural del derecho a la protesta, sino que  viola el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso a la información, así como  la labor de acompañamiento a las familias y colectivas que estaban presentes para obtener información sobre el estado físico, emocional y situación legal de las personas detenidas.

En México, las agresiones a periodistas por parte de destacamentos policiales son una práctica sistemática que propicia un retroceso en el camino recorrido hacia un Estado democrático y plural. Basta mencionar que, en lo que va del año, CIMAC ha documentado 19 atentados contra mujeres periodistas en el Estado de México, destacando en su ejecución la violencia institucional expresada en la privación ilegal de la libertad y bloqueo informativo por parte de funcionarios municipales.

En vista de lo anterior, las organizaciones, colectivos de periodistas y redes firmantes exigimos: · A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, coadyuvar con las autoridades estatales para investigar la probable responsabilidad de funcionarios públicos y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la comisión de diversos delitos como  abuso de autoridad, amenazas, robo, detención arbitraria, daño a la propiedad ajena y violaciones  de derechos humanos · Al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, garantizar la integridad física de las compañeras agredidas, así como la labor periodística de las y los periodistas freelance · A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo del Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, investigar los sucesos acontecidos la madrugada del viernes 11 de septiembre afuera del Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, con miras a identificar plenamente a  los responsables del violento desalojo sucedido en Ecatepec y los actos de amedrentamiento que se dieron posteriormente en el Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza · A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar el acompañamiento y atención victimal integral así como la reparación del daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en contra de colectivas, víctimas y periodistas · A la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abrir la queja correspondiente por las violaciones a derechos humanos ejercidas por las autoridades del Estado de México en perjuicio de colectivas feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición así como de periodistas · Al Estado Mexicano, el cese del hostigamiento, agresiones y represión en contra de periodistas y fotoperiodistas, antes, durante y después de realizar su labor periodística · Al Gobierno Mexicano el cese de acciones que criminalizan el derecho a la protesta del movimiento feminista y el ejercicio periodístico.

Atentamente: Frontline Freelance México (FFM) · Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC) · Red Nacional de Periodistas (RNP) · Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) · ARTICLE 19 (A19)

C.c.p. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Jorge Olvera García, Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).  Para conocimiento e intervención. C.c.p. Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Magda. Olga Sánchez Cordero, Titular de la Secretaría de Gobernación. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Ing. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Aarón Mastache, titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Jesús Peña, Encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para conocimiento e intervención. C.c.p. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. C.c.p. Irene Zubaida Khan, Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de opinión y de Expresión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. C.c.p. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

[1] El Estado de México se posiciona como la entidad número uno en feminicidios con 80 casos de enero a julio de 2020 y en donde se decretó la segunda alerta de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en 2019, colectivas feministas, víctimas y familiares de víctimas tomaron, el pasado 10 de septiembre, las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede en Ecatepec para demandar la renuncia de Grisel Barrientos, titular del Instituto de la Mujer en Ecatepec, así como de  Sandra Pacheco, fiscal de Género y de Carlos Vázques, actual titular del DIF municipal.

[2] “Policías agreden y detienen a mujeres que tomaron sede de la CODHEM en Ecatepec”, redacción Animal Político, 11 de septiembre del 2020. https://www.animalpolitico.com/2020/09/policias-agreden-y-detienen-a-mujeres-que-tomaron-sede-de-la-codhem-en-ecatepec/

[3]  El detalle de la violencia ejercida hacia las 12 periodistas se reserva por cuestiones de seguridad y temor a represalias en su contra.